La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, regulada por la Ley 40/2015, la Ley 39/2015 y el artículo 106 de la Constitución Española, garantiza a los ciudadanos el derecho a ser indemnizados por los daños causados ​​por la actuación u omisión de la Administración. En consecuencia, cualquier persona puede reclamar por los daños derivados de la acción u omisión del sistema sanitario público, cuando los entes de este servicio sean responsables de los mismos.

Este derecho protege a los ciudadanos frente a negligencias médicas o mala praxis en los servicios sanitarios públicos, como hospitales o centros de atención primaria. A continuación se describen los pasos para gestionar estas reclamaciones.

Ejemplos de responsabilidad del sistema sanitario público

En el ámbito sanitario, además de poder solicitar indemnización por la causación de un daño, el ciudadano puede reclamar también por la pérdida de oportunidad . Esta teoría jurídica no exige demostrar que el daño final es consecuencia directa de la negligencia, sino que esta redujo las probabilidades de obtener un mejor resultado o de evitar un perjuicio. Algunos ejemplos de responsabilidad patrimonial son:

  • Error o retraso en diagnósticos: retrasar el diagnóstico puede impedir el acceso a tratamientos efectivos, como en casos de cáncer o enfermedades cardiovasculares.
  • Omisión de controles médicos: la falta de pruebas en situaciones como embarazos de alto riesgo o diabetes puede causar complicaciones graves.
  • Retrasos en intervenciones urgentes: una apendicitis no operada a tiempo o una fractura sin atención inmediata puede derivar en graves consecuencias para la salud.
  • Consentimiento insuficiente: la falta de información sobre riesgos en cirugías o tratamientos puede hacer perder opciones de mejor cuidado.
  • Errores en tratamiento o cirugía: lesiones producidas durante operaciones o administración inadecuada de tratamientos que pueden comprometer la recuperación o provocar secuelas permanentes.
  • Falta de supervisión en tratamientos: errores en la dosificación de medicamentos o falta de seguimiento en rehabilitación.

Procedimiento de reclamación

Una vez presentada la reclamación ante la Administración responsable del daño, este debe seguir un procedimiento administrativo que consta de los siguientes pasos:

  1. Presentación de la reclamación: el perjudicado debe aportar pruebas (informes, fotografías) y detallar los hechos que vinculan el daño con la acción o inacción de la Administración.
  2. Evaluación y resolución: la Administración dispone de un plazo máximo de seis meses para valorar y emitir respuesta motivada, aceptando o denegando la indemnización.
  3. Silencio administrativo negativo: si no hay respuesta en seis meses, se entiende que la solicitud ha sido denegada y puede acudirse a la vía judicial.

Recursos ante una resolución negativa

  1. Recurso de reposición: se presenta ante la propia Administración, y permite que esta revise su decisión, sin coste alguno y con posibilidad de resolución rápida.
  2. Demanda contencioso-administrativa: si el recurso de reposición no prospera o el ciudadano quiere una revisión judicial, puede presentar una demanda ante los juzgados de lo contencioso-administrativo . Esta demanda permite a un tribunal independiente evaluar si la administración ha actuado correctamente. Aunque puede ser un procedimiento largo y más costoso, ofrece la oportunidad de obtener una compensación más equitativa si el tribunal acepta la reclamación.

Un derecho para proteger al ciudadano

La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas garantiza que los ciudadanos no tengan que soportar las consecuencias de las actuaciones negligentes u omisivas de la Administración, reflejando el compromiso con la seguridad y bienestar de la ciudadanía, y fomentando la diligencia en la gestión de servicios. Conocer el procedimiento de reclamación ayudar a proteger los derechos de los afectados y promueve la responsabilidad y transparencia de las administraciones.

Sin embargo, conseguir una indemnización justa puede ser complicado. Por eso, es recomendable contar con el asesoramiento de un/a abogado/a especializado/a en responsabilidad patrimonial, que pueda asesorar adecuadamente y garantizar una gestión óptima de la oportuna reclamación. Un profesional con experiencia puede ayudar a reunir pruebas, preparar la documentación y guiarle en los recursos disponibles, aumentando así las posibilidades de éxito.

En Roig i Roig Asesores y Abogados somos especialistas en facilitar el proceso de reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Si se encuentra ante una situación en la que la acción o inacción de la Administración le ha producido daños, no dude en contactar con nosotros. Nuestro equipo de abogados expertos y especializados está preparado para ofrecerle el asesoramiento y el apoyo necesario para afrontar este proceso con confianza. Permítanos ser su aliado en el camino hacia una compensación por los perjuicios sufridos.