Reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial

La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, regulada por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 106 de la Constitución Española, asegura el derecho de los ciudadanos a ser compensados ​​por los daños que la administración pueda causarles en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, cualquier persona, incluso una empresa, puede reclamar por los daños derivados de la acción u omisión de un Ayuntamiento, cuando éste nos sea responsable de los mismos.

Los Ayuntamientos pueden ser responsables de daños derivados de su gestión municipal cuando se producen por negligencia o falta de mantenimiento. A continuación, exploramos los pasos para reclamar esta responsabilidad patrimonial a un Ayuntamiento, incluyendo ejemplos prácticos, los plazos establecidos y las opciones ante la falta de respuesta.

Ejemplos de responsabilidad del Ayuntamiento

  1. Caída por el mal estado de la vía pública: aceras rotas o baches en la calzada que causan accidentes.
  2. Inundaciones: por falta de mantenimiento en el alcantarillado, con daños para propiedades.
  3. Caída de árboles o elementos en mal estado: falta de mantenimiento en árboles o mobiliario urbano que provocan daños a personas o vehículos.
  4. Daños en parques infantiles: si los equipamientos son defectuosos o no se mantienen adecuadamente.
  5. Iluminación deficiente: zonas mal iluminadas que provocan caídas o accidentes.
  6. Contaminación acústica u olfativa: por actividades municipales sin control adecuado.
  7. Obras públicas mal señalizadas: que causan accidentes peatonales o vehículos.

Procedimiento de reclamación y tiempo de resolución

Una vez presentada la reclamación ante el Ayuntamiento, éste debe seguir un procedimiento administrativo que consta de los siguientes pasos:

  1. Inicio del procedimiento: el perjudicado presenta una solicitud formal detallando los hechos, aportando pruebas del daño (como fotografías o informes) y estableciendo la relación con la inacción o negligencia del Ayuntamiento.
  2. Evaluación y resolución: el Ayuntamiento dispone de un plazo máximo de seis meses para resolver la reclamación. Durante este período, el órgano competente investiga los hechos, valora las pruebas y emite una respuesta motivada, aceptando o denegando la indemnización solicitada. .
  3. Silencio administrativo: si el Ayuntamiento no responde dentro de los seis meses, se aplica el silencio administrativo negativo . Esto implica que la reclamación se ha denegado por defecto, y el ciudadano puede optar por iniciar acciones legales a través de la vía contencioso-administrativa.

Recursos ante una resolución negativa

  1. Recurso de reposición: se puede presentar ante el propio Ayuntamiento para revisar la decisión, sin coste alguno y con posibilidad de resolución rápida.
  2. Demanda contencioso-administrativa: si el recurso de reposición no prospera o el ciudadano desea una revisión judicial del asunto, puede presentar una demanda ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. Esta demanda permite a un tribunal independiente valorar si el Ayuntamiento ha actuado correctamente. El procedimiento contencioso puede ser largo y más costoso, pero ofrece la posibilidad de una compensación más justa en caso de que el tribunal estime la reclamación. El ciudadano debe aportar las pruebas que demuestren la negligencia u omisión del Ayuntamiento, como informes técnicos, testigos o documentos oficiales que apoyen su caso.

La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas: un derecho para proteger al ciudadano

La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas garantiza que los ciudadanos no tengan que soportar las consecuencias de sus actuaciones negligentes u omisivas. Esta responsabilidad es una muestra del compromiso público con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, fomentando que los Ayuntamientos actúen con diligencia en el cuidado de infraestructuras y servicios. Conocer el derecho a reclamar y los procedimientos aplicables permite a los afectados proteger sus derechos y, a la vez, insta a las administraciones a actuar con responsabilidad y transparencia.

Sin embargo, en muchos casos, conseguir una indemnización justa puede ser compleja. Ante las Administraciones responsables o los propios tribunales. Un profesional especializado puede ayudar a reunir las pruebas necesarias, preparar la documentación y guiar al ciudadano en los recursos disponibles, incrementando así las posibilidades de éxito en la reclamación.

En Roig i Roig Asesores y Abogados somos especialistas en facilitar el proceso de reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Si se encuentra ante una situación en la que la acción o inacción de la Administración le ha producido daños, no dude en contactar con nosotros. Nuestro equipo de abogados expertos y especializados está preparado para ofrecerle el asesoramiento y el apoyo necesario para afrontar este proceso con confianza. Permítanos ser su aliado en el camino hacia una compensación por los perjuicios sufridos.